LA EMPRESA ANUNCIA COMPRA HISTÓRICA DE ZAPATOS HECHOS EN GUANAJUATO, PERO CONTINÚA SU BATALLA PARA ELIMINAR ARANCELES A LA CERÁMICA CHINA, AFECTANDO DIRECTAMENTE A DOLORES HIDALGO
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional,. Gto.- El Grupo Coppel anunció la adquisición de 42 millones de pares de zapatos fabricados en León, Guanajuato, cifra que representa el 20 por ciento de la producción formal nacional de calzado y un incremento de un millón de pares respecto a 2025. La operación fue presentada como un respaldo a la proveeduría nacional y un impulso a la cadena productiva de uno de los principales polos zapateros del país.
Sin embargo, el discurso de fortalecimiento a la industria mexicana contrasta con la postura que la empresa ha sostenido en otro frente productivo del estado.
Desde 2020, artesanos de Dolores Hidalgo han señalado que Coppel figura entre las compañías que buscan eliminar las cuotas compensatorias impuestas a la cerámica china. Esta medida, advierten, pondría en desventaja a los productores locales frente a mercancía importada a menor costo.
La controversia no es menor. Además de Coppel, también Comercializadora México Americana —que opera bajo el nombre comercial de Walmart— ha sostenido una batalla legal contra los productores del sector cerámico nacional. El conflicto lleva varios años y se mantiene pese a que las cuotas compensatorias continúan vigentes.
Para los artesanos dolorenses, la incongruencia es evidente: mientras se promueve públicamente el respaldo a la manufactura mexicana en el sector calzado, se impulsa paralelamente la apertura a importaciones que podrían debilitar otra industria emblemática de Guanajuato.
En Dolores Hidalgo, se estima que alrededor del 45 por ciento —o incluso más— de la población en edad productiva está vinculada a la industria cerámica. Una eventual eliminación de aranceles no solo impactaría la competitividad de los talleres locales, sino que pondría en riesgo el sustento de miles de familias.
Así, la apuesta de Coppel por el calzado leonés convive con una disputa que, para muchos productores, prioriza intereses comerciales por encima de la protección de industrias tradicionales que también forman parte del tejido económico nacional.