PRESENTAN AVANCES DE 12 INVESTIGACIONES, PERO LA IMPUNIDAD PERSISTE Y ORGANIZACIONES CUESTIONAN LA FALTA DE RESULTADOS Y DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA LABOR PERIODÍSTICA
Antonio Velázquez
Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió por primera vez una mesa de trabajo con periodistas para informar sobre el estado de 12 carpetas de investigación por asesinatos de comunicadores. Aunque el ejercicio fue reconocido por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como un paso hacia la rendición de cuentas, también dejó al descubierto una realidad preocupante: en la mayoría de los casos no existen personas detenidas ni sentenciadas, mientras las familias de las víctimas continúan esperando justicia.
Durante el encuentro, especialistas de Artículo 19, Espacio OSC y CIMAC reconocieron la disposición de las autoridades para dialogar, pero advirtieron que la información presentada no demuestra un avance sólido en el combate a la impunidad. De los 12 expedientes expuestos, únicamente tres cuentan con sentencias contra autores materiales y solo el asesinato del reportero Israel Vázquez Rangel logró acreditar que su labor periodística fue el motivo de la agresión, un caso que además fue resuelto por la Fiscalía General de la República y un tribunal federal.
Los principales cuestionamientos se centraron en la falta de transparencia sobre las líneas de investigación. Pese a la insistencia del gremio, la Fiscalía evitó detallar si en los expedientes se analizan posibles móviles relacionados con investigaciones periodísticas sobre corrupción, abuso de autoridad o temas de seguridad, un aspecto considerado indispensable por el Protocolo Homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión. Sin esa información, especialistas consideran que resulta difícil evaluar si las pesquisas realmente buscan esclarecer los ataques contra la prensa.
El propio secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, admitió que “no estamos satisfechos” con los resultados y reconoció que solo uno de cada cuatro asesinatos de periodistas en Guanajuato ha derivado en una sanción penal. Aunque el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste aseguró que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y prometió mantener el diálogo con el gremio en seis meses, la realidad es que la apertura institucional, por sí sola, no sustituye la obligación del Estado de garantizar justicia. Mientras las cifras de impunidad permanezcan prácticamente intactas, los compromisos seguirán siendo insuficientes para devolver la confianza a un gremio que continúa ejerciendo su labor bajo condiciones de riesgo.