EL DIPUTADO NIEGA IRREGULARIDADES, MIENTRAS CRISANTA TORRES BREWER RESPONDE CON ACUSACIONES DE INCUMPLIMIENTO Y VIOLENCIA PATRIMONIAL
San Miguel de Allende, Gto.- El diputado local Luis Ricardo Ferro Baeza emitió un posicionamiento público en el que rechazó los señalamientos difundidos recientemente en torno a un conflicto legal de carácter personal. En su comunicado, aseguró que desde septiembre de 2025 dejó de fungir como albacea de la sucesión referida, por lo que —dijo— ya no tiene participación ni toma de decisiones en ese proceso. Subrayó además que se trata de litigios entre particulares que no guardan relación con su función como legislador.
En su versión, Ferro Baeza negó de manera categórica haber ejercido violencia patrimonial o cualquier otro tipo de agresión, afirmando que no existe resolución legal que lo señale en ese sentido. También rechazó ser deudor alimentario, al sostener que cuenta con constancias oficiales que acreditan que no está inscrito en dicho registro. Asimismo, precisó que el inmueble mencionado públicamente no es de su propiedad personal ni forma parte de una herencia, sino de una sociedad mercantil, lo que —aseguró— cambia el contexto de las acusaciones.
El legislador añadió que los temas señalados están siendo atendidos en las instancias legales correspondientes, únicas facultadas para determinar responsabilidades. Indicó que su intención al pronunciarse fue únicamente aclarar información que considera imprecisa, al tiempo que advirtió sobre el impacto personal y familiar que puede tener la difusión de dichos señalamientos.
Sin embargo, tras este posicionamiento, se dio a conocer una contestación pública por parte de Crisanta Victoria Torres Brewer, quien, en ejercicio de su derecho de réplica, cuestionó directamente la versión del diputado. En su respuesta, plantea si durante el periodo en que Ferro Baeza fue albacea recibió requerimientos formales para el pago de pensión alimenticia y si cumplió con dichas obligaciones, señalando que existen documentos desde marzo de 2025 que evidenciarían un presunto incumplimiento.
La réplica también sostiene que las instancias legales ya habrían determinado una pensión alimentaria y acusa al legislador de omitir su cumplimiento, lo que —afirma— derivó incluso en acciones legales por parte de la Fiscalía estatal. Además, Torres Brewer argumenta que la negativa de entrega de bienes heredados y el incumplimiento de obligaciones constituyen violencia patrimonial, insistiendo en que continuará defendiendo sus derechos por las vías legales, mientras el caso sigue su curso en tribunales.