EL MOVIMIENTO SE HIZO A TRAVÉS DE UN PRÉSTAMO A GRUPO PACHUCA PARA LA COMPRA DE UN ESTADIO, ACUSA LA VICECOORDINADORA DE LA BANCADA, ALEIDA ALAVEZ RUIZ
CDMX.- La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Aleida Alavez Ruiz, respaldó a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Sántibañez, quien ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el presunto desvío de recursos por parte del gobierno de Guanajuato, que representa Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hacia fines distintos a los que está autorizados, como es el caso del préstamo de 230 millones de pesos al Grupo Pachuca.
Advirtió que ya se ha presentado la denuncia correspondiente y ahora se solicita que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, ya que el gobierno estatal ha impedido que la Fiscalía de Guanajuato actúe en consecuencia.
“Tenemos una denuncia pública que hacer, de lo que se está haciendo actualmente con los recursos del estado de Guanajuato; un préstamo de millones de pesos a un equipo de futbol, cuando no hay una sola cláusula, en ninguna ley que rija al estado de Guanajuato, que permita que se hagan préstamos a particulares”, expresó.
En conferencia de prensa, en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, Alavez Ruiz indicó que, de acuerdo con las leyes vigentes del estado, no hay normativa que autorice préstamos a particulares, “mucho menos en una situación en la que los recursos se requieren para otras necesidades”.
Apuntó que en junio de 2021 el gobierno estatal entregó 230 millones de pesos a la empresa Fiera Capital Inmobiliaria S. A. de CV., de la familia Martínez, dueños de los equipos de futbol Pachuca y León.
Aclaró que este préstamo se usó para pagar parte de la compra del estadio de León, del que era dueño el empresario Roberto Zermeño Vargas, bajo una tasa de interés muy baja y que se mantuvo en secreto, hasta que el dueño del equipo de Pachuca tuvo la indiscreción de revelar la financiación por parte del gobierno estatal.
A su vez, Bárbara Botello aseveró que este hecho deriva en un perjuicio patrimonial ocasionado a la Hacienda Pública de Guanajuato y posibles actos de corrupción.