MORENA ADVIERTE RIESGOS LEGALES; PAN Y PRD DEFIENDEN SU CARÁCTER PÚBLICO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN
Antonio Velázquez
Guanajuato, Gto.- La creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en Guanajuato evidenció un acuerdo parcial entre fuerzas políticas: todas coinciden en la necesidad de fortalecer la protección de la niñez y las víctimas, pero difieren en la forma. MORENA votó a favor de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo estatal, aunque encendió alertas sobre su posible inconstitucionalidad, mientras que PAN y PRD defendieron el carácter público del registro como pieza clave para la prevención del delito.
Desde la bancada de MORENA, el respaldo a la medida estuvo condicionado a su viabilidad jurídica. Legisladores como Abraham Sotomayor y Antonio Chaurand insistieron en que hacer público el registro podría repetir el escenario de la Ciudad de México, donde la Suprema Corte invalidó un esquema similar. Argumentaron que exhibir a personas ya sentenciadas puede constituir una pena adicional, generar estigmatización permanente y vulnerar derechos como la reinserción social y la protección de datos personales. Su propuesta de reserva —rechazada por un estrecho margen— buscaba limitar el acceso del registro a autoridades, priorizando su utilidad sin comprometer su legalidad.
En contraste, PAN y PRD cerraron filas en torno a la versión original de la iniciativa, defendiendo que la publicidad del registro supera cualquier cuestionamiento constitucional. Legisladores como Susana Bermúdez Cano y Rolando Alcántar Rojas aseguraron que la medida pasó un “test de proporcionalidad”, al considerar que protege el interés superior de la niñez, inhibe la reincidencia y resulta adecuada frente a otros derechos en juego. Para este bloque, restringir el acceso debilitaría su función preventiva y limitaría el derecho de la sociedad a protegerse.
Más allá de los argumentos técnicos, el debate refleja dos visiones de política pública: una que privilegia la eficacia inmediata y el mensaje contundente hacia la sociedad, y otra que apuesta por blindar jurídicamente las herramientas para evitar que sean invalidadas. MORENA plantea que un registro mal diseñado podría quedar sin efectos si es declarado inconstitucional, mientras que PAN y PRD sostienen que la urgencia de proteger a las víctimas justifica medidas más visibles y contundentes.
El resultado final deja una legislación aprobada, pero no exenta de riesgos. La advertencia sobre una posible impugnación ante la Suprema Corte coloca al registro en una zona de incertidumbre, donde su permanencia dependerá no solo de su intención, sino de su solidez constitucional. Así, lo que hoy se presenta como un avance en materia de protección podría convertirse, nuevamente, en un caso de choque entre justicia social y límites legales.