LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL MICHEL REYES CONFIRMÓ QUE, TRAS MÚLTIPLES REUNIONES Y PRESIÓN INSTITUCIONAL, LA EMPRESA HA COMENZADO A FORMALIZAR CAMBIOS
Antonio Velázquez
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.- Aunque las leyes mexicanas prohíben el trabajo infantil, en los campos agrícolas del Bajío esta sigue siendo una práctica tolerada bajo la premisa de la necesidad económica.
Las familias migrantes llegan cada temporada en busca de sustento, y con ellas, sus hijos pequeños, quienes en muchos casos terminan participando (directa o indirectamente) en las labores del campo o permanecen en espacios inadecuados mientras sus padres trabajan.
En el caso específico de la empresa Agroverdi, el problema no ha sido ajeno a esta realidad. De acuerdo con testimonios recabados por el DIF municipal, la empresa no cuenta con una estancia infantil adecuada.
Las condiciones son preocupantes: temperaturas elevadas, falta de ventilación, espacios reducidos, carencia de higiene básica y ausencia de personal capacitado.
Recientemente, la presidenta del DIF municipal, Michel Reyes confirmó que, tras múltiples reuniones y presión institucional, la empresa ha comenzado a formalizar cambios. Uno de los principales compromisos es la construcción de una estancia infantil en regla, supervisada por autoridades como Protección Civil y el propio DIF municipal.
De la misma forma señaló que la vigilancia se ha intensificado, asegurando que se están haciendo visitas periódicas y se ha involucrado también al gobierno estatal, que ha contribuido con actas de nacimiento, campañas de vacunación y entrega de insumos básicos para los niños.
Pese a que la empresa ha manifestado disposición para colaborar y adecuar las instalaciones, la realidad es que la intervención pública se ha dado por presión social y mediática. Incluso la Fiscalía del Estado de Guanajuato ha declarado públicamente que, de no cumplirse con las condiciones requeridas, se procederá con medidas más estrictas contra la empresa.
Mientras tanto, las familias jornaleras siguen en una situación ambigua. Muchas aseguran que prefieren permanecer en Guanajuato debido a las oportunidades económicas que no encuentran en sus comunidades de origen, como Guerrero u Oaxaca, aun cuando las condiciones laborales no sean óptimas.
La intervención del gobierno y la presión social parecen estar generando movimiento, pero también reflejan una falla estructural en la vigilancia del cumplimiento de derechos laborales y de la infancia.
El caso Agroverdi es solo una muestra de una práctica extendida en el sector agrícola mexicano, el empleo indirecto de menores, la falta de regulación de estancias infantiles dentro de empresas y la desprotección de familias migrantes que viven en condiciones de vulnerabilidad.