FAMILIARES ACUSAN A LA FISCALÍA DE GUANAJUATO DE IGNORAR RECOMENDACIONES DE LA PRODHEG Y DE MANTENER SIN AVANCES CLAROS EL CASO DE LA MENOR FALLECIDA DURANTE UN OPERATIVO MINISTERIAL
San Miguel de Allende, Gto.- A casi un año de la muerte de la pequeña Alana, quien perdió la vida durante un presunto operativo ministerial en San Miguel de Allende el pasado 11 de marzo del 2025, la exigencia de justicia sigue encontrando más silencios que respuestas. En rueda de prensa, familiares de la menor, encabezados por su madre, Miriam Paulina Almanza, denunciaron irregularidades en el proceso y acusaron a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGJE) de no aceptar las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PRODHEG).
El operativo tenía como objetivo cumplimentar una orden de aprehensión contra Alan “N”, empresario y propietario del parque acuático “Escondido Place”, acusado de tentativa de feminicidio contra su hermana. Sin embargo, la intervención terminó en un enfrentamiento armado en el que murió Alana, quien ese día celebraba su cumpleaños número nueve. La narrativa oficial ha centrado la responsabilidad en el contexto del operativo, pero la familia sostiene que existen omisiones graves y fallas en la actuación de las autoridades.
Más allá de los señalamientos penales contra el padre, el punto central —y aún sin esclarecer plenamente— es cómo un operativo de captura terminó con la muerte de una menor de edad. La negativa de la Fiscalía a aceptar recomendaciones de derechos humanos y la percepción de falta de transparencia alimentan la desconfianza pública. A casi un año, la justicia para Alana no solo parece lenta: para su familia, parece distante.