Investigan a delegada de Río Laja Dolores por falsificación de documentos y uso indebido

DELGADA Y SUBDELEGADO SON SEÑALADOS POR EXPEDIR DOCUMENTOS CON LOS SELLOS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO SIN SER ESTOS OFICIALES, ADEMÁS DE SUPUESTAMENTE UTILIZARLOS PARA FINES PROPIOS

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.- La Fiscalía del Estado de Guanajuato habría no recabado la información dentro de la carpeta de investigación que se sigue en contra de la delegada de la comunidad de Río Laja María del Refugio Cruces Guerrero y el subdelegado Saddam Enríquez Cruces, quienes son acusados de la impresión de documentos falsos y uso de estos para uso propio.

La fiscalía había determinado el 9 de noviembre del 2023 que al ser servidores públicos no podía ejercer acción penal en contra de los acusados y que tendrían que ser sancionados con respecto a lo que indican los reglamentos internos del municipio de Dolores Hidalgo.

Sin embargo, esta determinación fue revocada, ya que la fiscalía no habría fundado esta determinación dentro de los parámetros normativos que deslindarían a esta actividad como delito y que independientemente de ser servidores públicos si se les puede imputar responsabilidad penal.

Antecedentes

La administración municipal 2021-2024 habría denunciado y presentado pruebas de cómo se realizaban cobros por la utilización del panteón municipal de Río Laja y se entregaban documentos presumiblemente falsos, que contaban con los emblemas institucionales de la propia administración municipal; de dichos cobros jamás se informó a la autoridad municipal y se desconoce su uso y disposición.

De la misma forma resalta dentro de audiencia que ellos se señalan como autoridades indígenas, siendo que para ello no presentaron alguna documentación que les dé validez oficial y solo una carta donde se autodenominan autoridad tradicional entregada al gobernador del estado.

De esta manera ahora la fiscalía está obligada a realizar la investigación completa de los hechos expuestos y deberá decidir si se ejercerá acción penal o no, basado en pruebas fehacientes de los hechos expuestos por la parte de la administración municipal, que de ser ciertos estaríamos hablando de un acto de corrupción, usurpación de funciones y falsificación de documentos.

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