EL GRUPO INTERNACIONAL TEKIR APT SE ATRIBUYE LA SUSTRACCIÓN Y CIFRADO DE DATOS DEL ÓRGANO DE JUSTICIA ESTATAL, REVELANDO GRAVES FALLAS EN LA SEGURIDAD DIGITAL DEL GOBIERNO Y AMENAZA CON PUBLICAR LA INFORMACIÓN EL 20 DE NOVIEMBRE DE NO SER PAGADO UN RESCATE ECONÓMICO
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.- Mientras el fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, participaba en actividades públicas durante el fin de semana, un ciberataque sin precedentes afectaba los sistemas internos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Desde el viernes, usuarios y personal reportaron fallas en los servicios en línea, las cuales fueron atribuidas inicialmente a un supuesto “virus informático”. Sin embargo, las irregularidades persistieron durante varios días, encendiendo las alertas dentro de la institución.
La situación se tornó crítica este martes, cuando el grupo internacional de hackeo Tekir APT publicó evidencia del ataque, asegurando haber sustraído más de 250 gigabytes de información confidencial. De acuerdo con sus declaraciones, lograron comprometer y cifrar todos los subdominios de la Fiscalía, incluidos los del despacho del Fiscal General, el departamento de policía y el gobierno municipal. Los atacantes afirmaron también haber eliminado las copias de seguridad, dejando fuera de operación buena parte de la infraestructura digital de la institución.
Entre los archivos presuntamente sustraídos se encontrarían identificaciones personales, expedientes judiciales, comunicaciones internas y documentos de investigación. De confirmarse la magnitud del hackeo, el incidente pondría en riesgo tanto la seguridad de ciudadanos como la integridad de procesos judiciales en curso. Expertos en ciberseguridad señalan que este tipo de ataques no solo exponen información sensible, sino que pueden alterar la confianza pública en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
El suceso podría representar un golpe severo a la credibilidad del aparato gubernamental en Guanajuato, evidenciando su vulnerabilidad ante amenazas cibernéticas globales. Analistas advierten que las filtraciones podrían tener repercusiones políticas, sociales e incluso económicas, al exponer información que comprometa a funcionarios actuales o pasados. Este caso marca un precedente en materia de ciberseguridad pública en México y subraya la urgente necesidad de fortalecer los protocolos digitales en las dependencias estatales.