DURANTE EL ANÁLISIS DEL INFORME 2025 DEL FISCAL, LEGISLADORES SEÑALARON INCONSISTENCIAS EN CIFRAS, USO DEL PRESUPUESTO Y BAJA PROPORCIÓN DE SENTENCIAS FRENTE A MILES DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
Antonio Velázquez
Guanajuato, Gto.- La comparecencia del fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, ante diputadas y diputados de la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato evidenció un contraste entre el discurso oficial de resultados y los cuestionamientos de distintos grupos parlamentarios sobre la eficacia real de la procuración de justicia en Guanajuato. Mientras el funcionario aseguró que la institución ha superado el 100% de sus indicadores y que se ha fortalecido el combate a la delincuencia, legisladores señalaron vacíos de información y cifras que generan dudas sobre el impacto real de estas acciones.
Durante su exposición, el fiscal destacó que en 2025 se registraron más de 15 mil judicializaciones, más de 10 mil vinculaciones a proceso y 2 mil 495 sentencias, además de detenciones, decomiso de armas y avances en la localización de personas reportadas como desaparecidas. También aseguró que el modelo de procuración de justicia implementado por la institución busca colocar a las víctimas en el centro de la atención y fortalecer la inteligencia para combatir al crimen organizado.
Sin embargo, las cifras fueron puestas bajo la lupa por legisladores de oposición. La diputada de MORENA Hades Berenice Aguilar Castillo cuestionó que la oficina del fiscal haya ejercido 23 millones de pesos durante 2025, mientras que el fondo destinado a la reparación del daño para víctimas del delito reportó un uso de apenas 16 millones de pesos, lo que abrió el debate sobre las prioridades en el gasto público dentro de la institución.
A estas críticas se sumaron dudas sobre la eficacia del sistema para resolver conflictos penales. La diputada Miriam Reyes Carmona señaló que de más de 15 mil judicializaciones solo se reportaron 2 mil 495 salidas alternas, sin un desglose claro sobre cuántos casos concluyeron mediante acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados o suspensiones provisionales, lo que impide evaluar si realmente se están resolviendo los delitos o si se está trasladando la carga al Poder Judicial.
Por su parte, el diputado Ernesto Millán Soberanes calificó como “gravísimo” que la Fiscalía mantenga más de 12 mil carpetas de investigación en archivo temporal mientras el número de sentencias condenatorias se mantiene bajo. El legislador advirtió que esta situación podría significar que investigaciones sensibles queden detenidas indefinidamente, lo que impacta directamente en el acceso a la justicia para las víctimas.
En medio del debate, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván, señaló que su bancada mantendrá una postura de colaboración institucional para fortalecer la seguridad en el estado. “En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional encontrarás una colaboración institucional, que la construcción de la paz nos corresponde a todas y todos, que es una tarea permanente y que las reformas que sean necesarias, ya en lo local o hacia lo federal, las asumiremos con total responsabilidad”, afirmó.
La comparecencia también dejó sobre la mesa cuestionamientos relacionados con presuntos ataques informáticos a la Fiscalía, la posible vulneración de expedientes de mujeres víctimas de violencia, así como la estrategia para enfrentar delitos como la extorsión, donde se estima operan al menos cuatro grupos criminales en el estado. Más allá de los indicadores presentados por la institución, el ejercicio legislativo evidenció que el debate sobre la eficacia de la justicia en Guanajuato sigue abierto y marcado por la exigencia de mayor transparencia y resultados concretos para las víctimas.