ORGANIZACIONES CIVILES ANUNCIAN OFENSIVA LEGAL CONTRA LA CONCESIÓN POR 30 AÑOS Y LLAMAN A MANIFESTARSE ESTE 22 DE ENERO EN LA CASETA DE COBRO
Antonio Velázquez
Guanajuato, Gto.- Integrantes de al menos seis organizaciones civiles en Guanajuato anunciaron el inicio de una ofensiva legal ante tribunales federales para buscar la liberación de la autopista Guanajuato-Silao, al considerar injusta y discriminatoria la concesión por 30 años otorgada por el gobierno anterior al consorcio VISE-Rubau. Como primera medida de presión, los activistas convocaron a una protesta pacífica y a la entrega de volantes en la caseta de cobro el próximo jueves 22 de enero, donde exigirán que la vía se convierta en el “Bulevar de la Independencia” de libre tránsito.
Los inconformes, agrupados en organizaciones como el Observatorio Ciudadano y Ciudadanos Hartos, señalaron que el cobro de 38 pesos por un tramo de apenas 16.2 kilómetros resulta excesivo y contrasta con obras gratuitas en otras regiones del estado, como el Bulevar de la Libertad entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Detallaron que el costo por kilómetro en la autopista Guanajuato-Silao alcanza los 2.35 pesos, por encima del promedio nacional de 1.7 pesos, además de denunciar restricciones en la entrega de “tags” de descuento para residentes, un beneficio previamente garantizado por el Congreso local.
En el plano jurídico, los abogados del movimiento, entre ellos Carlos Arce y Roberto Saucedo Pimentel, analizan diversas vías legales que incluyen acciones civiles, administrativas y una denuncia ante la PROFECO. Aunque reconocen que la gobernadora Libia García es la única con facultad para promover un juicio de lesividad que revierta la concesión —y que la mandataria ha descartado esa posibilidad—, confían en que un juez federal pueda encontrar elementos suficientes para anular el proceso, formalizado apenas un mes antes del fin del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez.
Finalmente, los activistas reiteraron su exigencia de sostener una reunión directa con la gobernadora para argumentar que la autopista ya fue pagada tras 37 años de operación. Advirtieron que mantener el cobro en una vialidad que funge como principal acceso a la capital del estado afecta la economía familiar y podría generar costos políticos para el partido en el poder. Mientras tanto, llamaron a la ciudadanía a sumarse a la resistencia civil, al considerar que la carretera libre no es una alternativa viable debido a su inseguridad y saturación.