COLECTIVO SE REÚNE CON LA GOBERNADORA LIBIA GARCÍA Y CUESTIONA OPACIDAD Y PRIVILEGIOS EN CONCESIÓN CARRETERA
Antonio Velázquez
Guanajuato, Gto.- El colectivo Guanajuato Despertó sostuvo un encuentro con la gobernadora Libia García, en el que puso sobre la mesa más de una década de inconformidad social por el cobro en la carretera Guanajuato–Silao, un tema que, lejos de resolverse, se ha profundizado entre señalamientos de desigualdad, opacidad y decisiones heredadas que siguen impactando directamente a los ciudadanos.
El movimiento, que surgió durante la administración de Miguel Márquez Márquez, recordó que desde sus inicios exigía la eliminación de la caseta o al menos un cobro simbólico para los habitantes de la capital. Incluso evocaron el episodio en que la tarifa se redujo a un peso, medida que, aunque popular, nunca resolvió el problema de fondo: el destino y la justificación de los recursos recaudados.
Desde entonces, la narrativa oficial ha sostenido que el peaje es necesario para cubrir deudas de infraestructura como la Glorieta Santa Fe. Sin embargo, el colectivo cuestiona que, a pesar de los años y del flujo constante de ingresos, la ciudadanía siga pagando por una obra que —afirman— ya ha sido cubierta en múltiples ocasiones, perpetuando un esquema que califican como un “cobro eterno”.
En el plano jurídico, los inconformes plantearon que el peaje vulnera derechos constitucionales como la libre movilidad y el acceso digno a la ciudad, generando una especie de “confinamiento económico” para los habitantes de Guanajuato capital. Señalan además que la ciudad es un caso atípico en el estado, al tener una caseta prácticamente en su acceso principal, a diferencia de otras urbes con infraestructura más abierta.
A ello se suma una crítica social más profunda: la existencia de un modelo que divide a la población entre quienes pueden pagar por vías rápidas y seguras, y quienes deben conformarse con rutas alternas saturadas, inseguras y deficientes. Para el colectivo, esta diferenciación no solo es injusta, sino que refleja una política pública que reproduce desigualdades.
El análisis técnico y financiero presentado en la reunión elevó aún más el tono del debate. Se habló de una posible lesión patrimonial de hasta 1,812 millones de pesos y de costos inflados en proyectos carreteros, además de una concesión que, aseguran, favorece desproporcionadamente al sector privado. También se cuestionó el proceso de licitación por su aparente falta de competencia real y la rapidez con la que se resolvió un contrato de largo plazo.
La gobernadora Libia García reconoció los señalamientos y aseguró disposición al diálogo, aunque dejó claro que la concesión fue heredada de la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Como respuesta, propuso una auditoría internacional independiente y la apertura gradual de información, compromisos que, si bien representan un avance, aún generan escepticismo entre los ciudadanos.
Como resultado del encuentro, se acordó instalar mesas técnicas y jurídicas, así como revisar posibles esquemas de descuento en el peaje. No obstante, para el colectivo, estas medidas resultan insuficientes frente a un problema estructural que lleva décadas sin resolverse. La exigencia sigue siendo clara: terminar con un modelo que consideran injusto y que, acusan, ha sido sostenido por distintos gobiernos sin atender de fondo las demandas sociales.