AGRESOR QUEDARÁ LIBRE CON PENA MÍNIMA Y SIN PISAR LA CÁRCEL, UN CASO EN EL QUE SE BUSCA LOGRAR LA IMPUNIDAD A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO ABREVIADO
San Miguel de Allende, Gto.- Una denuncia pública ha sacudido las redes sociales tras el testimonio de Mayra Miranda, señalando ser familiar de una víctima de violación.
En un video hizo un llamado urgente a las autoridades federales y estatales por el caso de una menor de edad que fue víctima de abuso sexual por parte de su tío abuelo, un hombre de 64 años.
El crimen ocurrió durante una reunión familiar. A pesar de que la menor fue atendida tras el abuso y se denunció de inmediato, el agresor fue liberado bajo el argumento de que “no había elementos suficientes”, y las autoridades calificaron los hechos como un acta administrativa, omitiendo presentarlo ante el Ministerio Público el mismo día.
“Le destruyó la vida a una niña y lo trataron como si se hubiera pasado un alto”, dijo Miranda durante su mensaje, visiblemente consternada. Según relata, el Ministerio Público de San Miguel de Allende no hizo su trabajo, actuando con negligencia y dejando en libertad al imputado esa misma noche.
Durante el proceso legal, mencionó, se le concedió al agresor un plazo voluntario de 24 horas para presentarse ante el reclusorio, plazo que él mismo solicitó extender a 72 horas con el pretexto de tener que viajar a la Ciudad de México. Sin supervisión ni verificación, se le autorizó dicho plazo con base en su “buena fe”.
Cuando llegó el momento de su presentación voluntaria, el imputado argumentó tener COVID-19, y presentó un certificado médico sin validación oficial ni verificación por parte de las autoridades. A pesar de esto, se le otorgaron 10 días adicionales para internarse voluntariamente, sin que se girara orden de aprehensión alguna.
Asegura que, el proceso legal ha avanzado mediante un procedimiento abreviado, el cual permite al imputado aceptar su culpabilidad a cambio de una reducción significativa de la pena. En este caso, se determinó que el agresor sería condenado a solo 1 año con 8 meses, sin ingresar a prisión debido a que la pena mínima no alcanza para ameritar cárcel, lo que señala como impunidad encubierta.
Además, se fijó una reparación del daño de solo $13,600 pesos, una cantidad que, según Mayra Miranda, “no cubre ni una sola de las terapias que esta menor necesitará el resto de su vida”.
Mayra Miranda denunció públicamente que las autoridades han protegido al agresor, ignorado el principio del interés superior del menor, y han revictimizado a la menor al evitar un juicio completo con el argumento de “no causar más daño”.
“El daño ya está hecho. Lo que queremos es justicia, no un proceso express que deje a los abusadores en libertad y a las víctimas con una herida de por vida”, expresó.