LA DEMANDA ES POR EL NO PAGO DE PRESTACIONES SALARIALES, Y FUE PRESENTADA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.- Desde los inicios del mes de diciembre de 2017, los 20 elementos de seguridad vial que habían denunciado ante los medios la falta de pago de lo que por ley les corresponde según los lineamientos del FORTSEG demandaron al ayuntamiento de Dolores Hidalgo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, señalando que han sido violentados sus derechos laborales, cosa que el municipio de Dolores Hidalgo niega e intenta subsanar.
Amenazan administrativos de seguridad vial a elementos de la corporación
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Antonio Arredondo representante legal de los tránsitos inconformes, señaló que al no obtener respuesta favorable de parte del ayuntamiento en este tema se tomó la determinación de seguir con el proceso, puesto que el dicho de la presidencia es muy endeble al señalar que los tránsitos no forman parte de las corporaciones de seguridad publica en el municipio, y por ello no tienen que recibir apoyos al salario del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.
Por lo pronto la demanda ya fue radicada en la sala 3 del Tribunal de Justicia Administrativa y comenzara el plazo para citar al ayuntamiento y poder obtener los elementos necesarios para determinar a quién procede el derecho.
Los trabajadores de Tránsito Municipal piden mejorar sus condiciones salariales que son muy dispares con los elementos de seguridad pública, contar con un seguro de vida y poder acceder a los apoyos de FORTASEG en cuanto a protección al salario.
Antonio Arredondo de la misma forma aseguró que no están cerrados al dialogo y buscaran acercamientos con el municipio en donde se pueda negociar mejores condiciones laborales para quienes tienen la dura tarea de trabajar en la seguridad vial, señalando que ya se había tenido una reunión previa con las autoridades municipales pero sin embargo lo que ofrecían era insuficiente y no representaba en realidad una mejora sustancial en la homologación de salarios de quienes trabajan en una corporación de seguridad pública.