SANDRA PEDROZA ACUSA AL LEGISLATIVO DE USAR RECURSOS PÚBLICOS PARA FRENAR DERECHOS REPRODUCTIVOS Y MANTENER UNA POSTURA IDEOLÓGICA
Antonio Velázquez
Guanajuato, Gto.- La confrontación entre el Congreso de Guanajuato y los colectivos feministas escaló nuevamente luego de que el Poder Legislativo interpusiera un recurso de revisión contra la sentencia federal que reconoce la omisión del estado para armonizar su Código Penal y avanzar hacia la despenalización del aborto. La diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, calificó la decisión como una muestra de miedo político, resistencia ideológica y uso faccioso de las instituciones públicas.
Desde la tribuna del Congreso, la legisladora acusó a la mayoría parlamentaria de responder con argumentos “del siglo XIX” a un litigio estratégico impulsado por más de 50 mujeres y organizaciones feministas. Para Pedroza, el hecho de que el Congreso decida combatir judicialmente una resolución orientada a garantizar derechos humanos exhibe una profunda desconexión con los criterios constitucionales y con las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La crítica también alcanzó la actuación institucional del Legislativo, al señalar que nuevamente son los tribunales federales quienes deben obligar al Congreso a cumplir con sus responsabilidades constitucionales. La diputada sostuvo que las colectivas feministas han asumido una labor que el propio Poder Legislativo se ha negado a realizar: defender los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas guanajuatenses frente a una legislación considerada discriminatoria y rezagada.
Pedroza además cuestionó la falta de transparencia en torno a la impugnación presentada por el Congreso, pues hasta ahora no se ha informado públicamente quién tomó la decisión de recurrir el fallo federal ni bajo qué argumentos jurídicos específicos. La legisladora advirtió incluso una posible “captura política de las instituciones”, al considerar que se están utilizando recursos públicos para sostener posiciones ideológicas antes que garantizar derechos humanos.
El posicionamiento ocurre en un momento clave para Guanajuato, una de las entidades más conservadoras del país y donde la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos sigue polarizando al ámbito político. Mientras las colectivas feministas consideran inminente la despenalización del aborto tras los criterios de la Suprema Corte, el Congreso estatal mantiene una postura de resistencia que, para sus críticos, solo prolonga un conflicto jurídico que eventualmente terminará resolviéndose en favor de los derechos reproductivos.