COINCIDEN EN LA URGENCIA DE FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS, AUNQUE CON ÉNFASIS DISTINTOS
Guanajuato, Gto.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado analizó tres iniciativas de reforma en materia de desaparición forzada de personas, entre ellas las presentadas por el PAN y PRD, así como por Morena, con el objetivo de armonizar la legislación local con la Ley General en la materia y fortalecer los mecanismos de búsqueda, identificación y atención a víctimas. Las propuestas fueron revisadas en una mesa de trabajo encabezada por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, donde participaron autoridades estatales y organismos autónomos.
Desde la postura del PAN y PRD, la diputada Susana Bermúdez Cano sostuvo que la desaparición de personas representa un fenómeno estructural que exige una respuesta institucional más sólida y coordinada. Su iniciativa se centra en la creación de una Plataforma Estatal de Identidad, la implementación de una Ficha de Búsqueda Estatal, la ampliación de unidades especializadas en la Fiscalía y la obligación de que instituciones públicas y privadas compartan información biométrica. El planteamiento apuesta por mejorar la capacidad técnica del Estado y atender una de las principales fallas actuales: la identificación de cuerpos y la fragmentación de bases de datos.
Por su parte, Morena colocó el énfasis en la dimensión del problema y la rendición de cuentas. El diputado David Martínez Mendizábal recordó que Guanajuato acumula 4 mil 895 personas desaparecidas desde 2010, lo que evidencia, dijo, deficiencias estructurales en la búsqueda y el seguimiento de los casos. Su iniciativa propone fortalecer a la Fiscalía Especializada, incorporar la Base Nacional de Carpetas de Investigación, crear una Plataforma Única de Identidad y establecer obligaciones claras para que la Fiscalía rinda informes periódicos sobre el estatus de las investigaciones. Además, la diputada Eugenia García Oliveros insistió en que los colectivos de búsqueda deben ser incluidos de manera formal en el análisis y aplicación de la reforma.
Durante la mesa de trabajo, representantes de dependencias estatales coincidieron en la necesidad de armonizar la ley local con la federal y destacaron elementos relevantes de ambas propuestas, como el análisis de contexto y los criterios diferenciados para grupos vulnerables. No obstante, el reto de fondo sigue siendo traducir las reformas legales en resultados concretos para las familias, en un contexto donde el consenso legislativo aún debe pasar del diagnóstico y la técnica jurídica a una implementación efectiva. Como señaló Romero Hicks, más allá de explicar la problemática, el Congreso enfrenta la exigencia social de ofrecer soluciones reales ante una crisis que no admite dilaciones.