LA TITULAR DEL INPI EN GUANAJUATO Y QUERÉTARO DESTACA QUE EL RESPETO AL ARTÍCULO 2 CONSTITUCIONAL Y EL TRABAJO CON ASAMBLEAS COMUNITARIAS MARCAN UNA NUEVA ETAPA DE JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Antonio Velázquez
San Luis de la Paz, Gto.— La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las autoridades comunitarias indígenas comienza a rendir frutos en Guanajuato, particularmente en comunidades históricas que durante décadas permanecieron en el abandono institucional. Así lo señaló la Lic. María del Carmen Álvarez Juárez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para la región que comprende Guanajuato y Querétaro, al destacar la importancia de los nuevos esquemas de colaboración basados en la autonomía y la autodeterminación.
Durante su visita a una comunidad indígena del municipio de San Luis de la Paz, Álvarez Juárez explicó que este proyecto representa el primer programa formal impulsado por el municipio en coordinación directa con la comunidad, mediante una convocatoria pública y un proceso transparente, en el que las decisiones no se toman de manera unilateral, sino a través de la asamblea comunitaria, máxima autoridad bajo los sistemas normativos indígenas.
“Para nosotros es fundamental que el canal de comunicación siga siendo con las autoridades comunitarias, porque no decidimos de manera individual; llevamos las propuestas a la asamblea, ahí se discuten, se acuerdan y se avalan”, subrayó.
La funcionaria destacó que actualmente se trabaja en una agenda de proyectos conjuntos con el gobierno municipal, principalmente a través de recursos del Ramo 33, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), orientados al mejoramiento y ampliación de vivienda, así como la rehabilitación de una cancha comunitaria, ampliación de redes de agua potable y la pavimentación de tramos carreteros estratégicos, entre ellos el camino conocido como San Nicolás–Cerro Grande o calle Santa Cruz.
Álvarez Juárez recordó que esta comunidad tiene un valor histórico fundamental para el estado y el país, al ser el lugar donde se inició el proceso de pacificación entre los pueblos chichimeca y otomí, además de mantener vivas tradiciones y vínculos culturales con comunidades de municipios como San Miguel de Allende.
Uno de los ejemplos más visibles de la intervención federal es el comedor comunitario, donde diariamente se brinda desayuno y comida caliente a 180 niñas y niños durante el ciclo escolar, sin costo alguno para las familias. “Es una acción concreta de justicia social en una comunidad que fue olvidada por muchos años”, puntualizó.
En el contexto del nuevo Artículo 2 constitucional, vigente desde septiembre del año pasado, la titular del INPI enfatizó que las comunidades indígenas hoy se reconocen como un cuarto nivel de gobierno, lo que implica una relación distinta con municipios, estados y la federación. “No se trata solo de reconocimiento simbólico, sino de coordinación real entre gobiernos, respetando la autonomía comunitaria”, afirmó.
Asimismo, señaló que aún existen retos, particularmente en municipios donde persiste el desconocimiento de la normativa vigente. Recordó que la Ley para la Administración Municipal establece claramente que en comunidades indígenas solo la comunidad puede nombrar a sus autoridades, mismas que deben ser reconocidas por el municipio.
Respecto a los avances legislativos en Guanajuato, Álvarez Juárez consideró indispensable armonizar la Constitución estatal con la federal, no para crear nuevos derechos, sino para reconocer plenamente los ya existentes. En ese sentido, llamó a revisar incluso el nombre de la legislación local. “No necesitamos una ley de protección, porque no somos menores de edad; necesitamos una Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas que reconozca nuestra personalidad jurídica y patrimonio propio”, sostuvo.
Finalmente, evaluó como positivo y sustantivo el avance logrado desde la reforma constitucional, al destacar que por primera vez las comunidades reciben recursos federales directos, lo que les permite ejecutar obras de manera autónoma y transparente. “Hoy las comunidades entienden que este proceso depende mucho de su organización interna y de una coordinación respetuosa con los gobiernos. Es un cambio histórico para pueblos que durante décadas fueron invisibilizados”, concluyó.