Cambiarán modelo de bachilleratos militarizados

LA SEP PERMITIRÁ SU PERMANENCIA EN GUANAJUATO SI ELIMINAN EL ENFOQUE MILITAR Y ACTUALIZAN SUS PLANES DE ESTUDIO

Antonio Velázquez

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó la permanencia de los seis Bachilleratos Bivalentes Militarizados de Guanajuato, aunque condicionó su operación a una transformación de fondo en su modelo educativo. La decisión representa un cambio respecto a la intención inicial de eliminar este tipo de planteles y responde también a la postura del Gobierno del Estado, que defendió su continuidad por la alta demanda que registran.

Como parte de la regularización, los planteles deberán modificar sus planes de estudio y dejar atrás cualquier componente de formación con enfoque militar. La SEP ordenó que los contenidos, actividades y métodos de enseñanza se orienten al desarrollo de una cultura de paz, la resolución pacífica de conflictos, la promoción de la seguridad desde una perspectiva ciudadana, así como el fortalecimiento de valores como la empatía, el respeto, la inclusión y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La revisión de este modelo educativo surgió tras el feminicidio de una menor en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas, hecho que puso bajo escrutinio la operación de este tipo de instituciones y la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión. A partir de ello, la SEP determinó que ninguna escuela podrá mantener esquemas que reproduzcan prácticas o una identidad de carácter militar dentro del sistema educativo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que durante el proceso de regularización las autoridades estatales deberán acompañar a los planteles para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Además, advirtió que cualquier caso de maltrato, abuso o práctica que vulnere los derechos de los estudiantes será sancionado conforme a la legislación vigente.

A fin de lograr la regularización de las escuelas, el funcionario instruyó a las autoridades a acompañar los procesos, el cual en el caso de Guanajuato corresponderá directamente al estado al ser financiadas por el mismo.

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