LA COMISIÓN DE JUSTICIA APROBÓ REFORMAS PARA GARANTIZAR ADOPCIONES IRREVOCABLES Y DEFINIÓ LA RUTA DE ANÁLISIS PARA INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL ABORTO
Guanajuato, Gto.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma el Código de Procedimientos Civiles para garantizar que todas las adopciones sean plenas e irrevocables, fortaleciendo la protección jurídica de niñas, niños y adolescentes adoptados. La iniciativa responde al cumplimiento de una resolución de amparo y busca eliminar cualquier posibilidad de revocación por parte de las personas adoptantes.
Durante la discusión, el diputado Rolando Alcántar Rojas destacó que la modificación representa un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez, al evitar escenarios de incertidumbre legal que podrían vulnerar el principio del interés superior del menor. Con la reforma, las adopciones otorgarán de manera definitiva todos los derechos y obligaciones inherentes al vínculo familiar.
En la misma sesión, las y los integrantes de la comisión aprobaron la metodología para analizar tres iniciativas relacionadas con el derecho a la vida. Para ello se acordó la realización de tres mesas de trabajo en las que participarán colectivos a favor de la despenalización del aborto, grupos provida e instituciones consultadas, con el propósito de escuchar diversas posturas antes de emitir una resolución.
Las mesas de análisis se llevarán a cabo el 22 de junio, el 1 de julio y el 8 de julio, respectivamente. Durante la reunión también estuvieron presentes representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitaron a las distintas fuerzas políticas mantener la protección de la vida desde la concepción, como actualmente lo establece la Constitución local.
Tras la aprobación de la metodología, diputadas del Grupo Parlamentario del PAN refrendaron su postura a favor de la vida. Susana Bermúdez Cano y Karol Jared González Márquez agradecieron el respaldo de organizaciones civiles y aseguraron que continuarán defendiendo esta causa en el Congreso del Estado, al considerar que la protección de la vida constituye uno de los principios fundamentales de su agenda legislativa.